Santo Domingo.- El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV) expresó su preocupación ante el avance de nuevas modalidades utilizadas por redes de microtráfico para captar a niños, niñas y adolescentes en distintos sectores del país, una situación que considera una seria amenaza para la salud, la seguridad y el desarrollo de las nuevas generaciones.
«Estamos observando cómo las drogas están llegando a nuestros niños y adolescentes mediante modalidades que buscan ocultar los riesgos reales de estas sustancias y hacerlas más atractivas para los jóvenes. Esta situación requiere una respuesta urgente de toda la sociedad», manifestó Meccariello.
Entre las prácticas que generan preocupación figura la distribución de adhesivos o calcomanías con imágenes de dibujos animados que presuntamente contienen sustancias psicoactivas y son colocadas sobre la piel. Según el Observatorio, este tipo de mecanismos busca aprovechar la curiosidad de los menores y reducir la percepción de peligro asociada al consumo de drogas.
Otro aspecto que preocupa al ODHGV es el incremento en el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos entre adolescentes. De acuerdo con la entidad, algunos de estos dispositivos son utilizados para consumir líquidos mezclados con sustancias psicoactivas, lo que dificulta su detección y favorece nuevas formas de consumo entre la población joven.
«Muchos padres desconocen que detrás de un vapeador aparentemente inofensivo pueden encontrarse sustancias que generan dependencia o que representan graves riesgos para la salud. Es una modalidad que debe ser abordada con urgencia mediante campañas de educación y prevención», señaló Meccariello.
Asimismo, el Observatorio enfatizó que el consumo problemático de sustancias debe abordarse como un problema de salud pública y de derechos humanos. Recordó que el Trastorno por Uso de Sustancias (TUS) es una condición de salud que afecta la vida, las relaciones familiares y el bienestar de las personas, por lo que quienes la padecen deben recibir atención médica, psicológica y social integral, libre de estigma y discriminación.
«Las personas con problemas de adicción no deben ser vistas únicamente desde una perspectiva penal o de rechazo social. Son personas que, en muchos casos, necesitan tratamiento especializado, acompañamiento psicológico, apoyo familiar y oportunidades reales de rehabilitación e inclusión. Una respuesta empática y basada en evidencia puede salvar vidas», expresó Meccariello.
El Observatorio manifestó igualmente su preocupación por la limitada disponibilidad de espacios especializados para internamiento en tratamiento para niñas, niños y adolescentes afectados por el consumo problemático de sustancias.
«Existe una necesidad urgente de crear y fortalecer centros especializados para niñas, niños y adolescentes con problemas de adicción. Muchas familias enfrentan enormes dificultades para acceder a servicios adecuados de atención, rehabilitación y acompañamiento», expresó.
Recomendaciones
Ante este panorama, el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados formuló una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades y a la sociedad:
A las autoridades:
· Fortalecer las labores de inteligencia e investigación para identificar y desmantelar las redes de microtráfico que utilizan menores de edad o diseñan productos dirigidos a captar niños y adolescentes.
· Incrementar la vigilancia en centros educativos, parques, zonas recreativas y entornos frecuentados por menores, respetando siempre los derechos fundamentales de la población.
· Desarrollar campañas nacionales permanentes de prevención sobre nuevas drogas sintéticas, productos comestibles adulterados, vapeadores y otras modalidades utilizadas para atraer a la juventud.
· Ampliar la oferta de servicios públicos de salud mental, prevención, tratamiento y rehabilitación para personas con Trastorno por Uso de Sustancias, con especial atención a niñas, niños y adolescentes.
· Capacitar a docentes, personal sanitario, policías y líderes comunitarios para identificar tempranamente señales de consumo o captación por redes criminales y activar rutas de protección.
· Fortalecer la coordinación entre los sectores de salud, educación, protección social, justicia y seguridad para ofrecer una respuesta integral.
A las familias, centros educativos y sociedad:
· Mantener una comunicación abierta con niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y las nuevas modalidades utilizadas para su distribución.
· Supervisar el uso de redes sociales, plataformas digitales y dispositivos electrónicos, donde también pueden producirse intentos de captación.
· Promover actividades deportivas, culturales, recreativas y de desarrollo personal que fortalezcan los factores de protección en la niñez y la adolescencia.
· Denunciar de manera oportuna cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta o distribución de sustancias ilícitas cerca de escuelas o comunidades.
· Evitar la estigmatización de las personas con problemas de consumo y facilitar su acceso a servicios de salud, apoyo psicológico y programas de rehabilitación.
«La guerra contra las drogas debe colocar en el centro la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también la dignidad de las personas que enfrentan una adicción. Cada menor que cae en las redes del consumo o de la distribución de sustancias representa una alerta para toda la sociedad. Debemos prevenir, proteger, tratar y rehabilitar, porque la adicción es una condición de salud que requiere respuestas integrales, humanas y basadas en evidencia. Solo así podremos garantizar un futuro más seguro, saludable y libre de violencia para las próximas generaciones», concluyó.