SANTO DOMINGO.–En operativos realizados a nivel nacional, la Dirección General de Migración (DGM) detuvo este lunes 02 de enero a 698 nacionales haitianos en condición migratoria irregular y deportó a 931 inmigrantes de esa misma nacionalidad.
De estos, unos 124 fueron entregados a las autoridades migratorias, por parte de los miembros del Ejército de República Dominicana, 41 por agentes de la Policía y 61 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).
Del total de deportados a su país de origen, unos 509 salieron por el puesto fronterizo de Elías Piña, lo que representa el 54.67%. Los demás extranjeros, salieron por Dajabón (288), Jimaní (71) y por Pedernales (63), siguiendo los protocolos de lugar y respetando sus derechos humanos y dignidad personal.
Antes de su deportación, estas personas fueron investigadas y procesadas en los Centros de la DGM correspondientes, donde se les tomaron sus datos biométricos, huellas digitales y se les depuró previo a su deportación.
La mayor incidencia de los operativos de interdicción este lunes fue en la región sureste; en Santo Domingo se detuvo a 120 personas y en La Altagracia–La Romana a 57. En la región del Cibao, La Vega se registraron 59 detenciones, mientras que en la región suroeste se reportaron 55: en Elías Piña, 42 en Pedernales, 32 en Jimaní, 27 en San Juan de la Maguana y 18 en Azua.
Los agentes actuaron en sectores como Invivienda, Los Alcarrizos, Villa Mella, Los Frailes y el Distrito Nacional; en la provincia La Vega, así como en los municipios de Cotuí, Cevicos, Fantino y La Mata de la provincia Sánchez Ramírez; en La Altagracia, en sectores como Bávaro, Hoyo de Friusa, Verón, Villa Playwood y Barrio Nuevo; en Pedernales, en Oviedo, La Colonia y Juancho; y en Barahona, en Vicente Noble, Tamayo, Jaquimeyes, El Habanero, Las Minas y Quita Coraza, así como en distintos sectores del municipio San Felipe, entre ellos San Marcos, San Antonio, Monte Verde, Los Rieles y Cerro Isabel.
Con estas acciones, la DGM cumple con lo establecido en la Ley 285-04, que la regula, así como con las directrices del Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación, orientadas a reducir los riesgos de la inmigración ilegal para preservar el orden y la seguridad, así como su impacto en la economía nacional.